La conectividad pendiente del Perú

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Por Ana Claudia Quintanilla, Experta en Regulación y Políticas Públicas en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

Durante más de una década, la política pública de telecomunicaciones tuvo un objetivo claro: llevar cobertura a las localidades donde no existía ningún servicio. Esa estrategia en conjunto con la inversión privada permitió conectar a millones de peruanos.

Pero el país enfrenta hoy un desafío distinto. ¿Está realmente conectado un peruano que puede realizar llamadas, pero no accede a internet?

No, porque la falta de acceso a internet se traduce en estudiantes con menos oportunidades educativas, familias con menor acceso a servicios de salud, hogares con menos posibilidades de mejorar sus ingresos y un Estado más lejano. No es casualidad que comunidades rurales con acceso a voz móvil realicen pedidos constantes a autoridades de ampliación de la cobertura 4G porque la voz móvil dejó hace varios años de conectarlos.

La siguiente etapa de la política pública ya no consiste únicamente en expandir cobertura, sino en garantizar conectividad de calidad.

Las estadísticas sobre tecnologías de la información publicadas por INEI evidencian una brecha relevante: al primer trimestre de 2026, mientras el 85,5 % de la población rural de 6 años a más utilizó un teléfono celular, solo el 59,9 % hizo uso de Internet. La diferencia supera los 25 puntos porcentuales.

Estos datos sugieren que el principal problema no está necesariamente en el acceso al dispositivo móvil. Tampoco parece estar explicado por el precio del servicio: Producto de la intensidad competitiva, durante la última década las tarifas promedio de voz y datos móviles en el Perú se han reducido significativamente, en un rango aproximado de entre 83 % y 98 %, según información publicada por Osiptel.

El problema parece estar en otro lugar: la capacidad real de la conectividad disponible. Hoy existen cerca de 8 mil localidades rurales que cuentan con cobertura móvil únicamente en tecnología 2G.  En las estadísticas aparecen como localidades conectadas. En la práctica permanecen excluidas de la economía digital porque la actual brecha digital del Perú ya no es sólo una brecha de cobertura. Es una brecha de modernización tecnológica.

Una nueva agenda para la conectividad

La tecnología y las necesidades de comunicación de la población evolucionan constantemente y las políticas públicas también deben hacerlo. Los instrumentos que permitieron expandir la cobertura durante los últimos años fueron adecuados para ese momento. El desafío actual es distinto: acelerar la renovación tecnológica de las redes existentes para garantizar que los ciudadanos puedan acceder efectivamente a los servicios digitales.

Ello exige una nueva generación de incentivos regulatorios. Por un lado, se requiere promover la migración de redes móviles 2G y 3G a 4G y facilitar el apagado de tecnologías desfasadas. Por otro, el país debe acelerar el despliegue de infraestructura 5G en aquellos espacios donde la conectividad tiene un efecto multiplicador sobre la competitividad: corredores logísticos, destinos turísticos, zonas industriales, polos agroexportadores, puertos, aeropuertos e infraestructura estratégica. La infraestructura digital ya no constituye únicamente una política sectorial, sino de competitividad, productividad y desarrollo territorial.

Una agenda de conectividad para los primeros 100 días

El nuevo gobierno no necesita empezar desde cero. Existen herramientas regulatorias que han demostrado ser efectivas y sobre las cuales es posible construir una nueva etapa de la política pública: La primera es el mecanismo de “Canon por Cobertura”, que permite pagar parte de las obligaciones económicas por uso del espectro radioeléctrico mediante compromisos de cobertura 4G. La segunda es el proceso de asignación de espectro 5G, que incorporó exitosamente compromisos para llevar conectividad de nueva generación a hospitales, colegios, universidades y sedes de los Juegos Panamericanos 2027.

La experiencia acumulada permite dar un siguiente paso. A continuación, cuatro decisiones para acelerar la nueva conectividad:

Primera: Ampliar las fuentes de financiamiento para incentivar la conectividad

El Estado ha adoptado decisiones importantes en los últimos años, como incrementar del 40% al 60% el porcentaje del canon por espectro que puede destinarse a compromisos de cobertura y extender este mecanismo a otros pagos sectoriales, como la tasa de explotación comercial. Pero esos fondos no son suficientes para acelerar.

Aunque el Decreto Legislativo 1599 habilitó al MTC ampliar el mecanismo del Canon por Cobertura al aporte al fondo del servicio universal que los operadores realizan al Pronatel, el mecanismo aún no ha sido reglamentado. Sólo durante el 2025, el presupuesto de Pronatel superó los S/900 millones, pero ejecutó aproximadamente el 32%.  De haberse reglamentado oportunamente este mecanismo, una parte de estos recursos no utilizados habría podido traducirse en más localidades conectadas.

La lógica podría extenderse a otros instrumentos, como Obras por Impuestos o Multas por Conectividad, para acelerar el desarrollo de infraestructura digital en las regiones, aprovechando la experiencia adquirida con el Canon por Cobertura y manteniendo mecanismos transparentes de valorización de las inversiones y costos involucrados.

Segunda: Ampliar el destino de los incentivos

La política pública también debe actualizar el destino de los incentivos.  Estos instrumentos deberían utilizarse no solo para ampliar cobertura, sino también para acelerar la migración tecnológica hacia 4G sin los topes actuales y facilitar el despliegue de redes de FTTH y 5G en proyectos estratégicos para la competitividad nacional. La subasta 5G demostró que este enfoque es posible. Extenderlo a corredores turísticos, polos productivos e infraestructura estratégica permite ampliar el impacto de la inversión y favorecerá a las regiones.

Tercera: Actualizar los incentivos para reflejar el costo real de la modernización tecnológica

La migración tecnológica implica mucho más que instalar nuevos equipos. Requiere fortalecer la infraestructura pasiva, ampliar la capacidad de transporte y garantizar la sostenibilidad de la operación. Los valores utilizados por el MTC en el proceso 5G puede ser un punto de partida para actualizar dichos parámetros.

Cuarta: Otorgar mayor flexibilidad para seleccionar las localidades beneficiarias

Finalmente, el esquema debería incorporar mayor flexibilidad para seleccionar las localidades beneficiarias. Por ejemplo, si una localidad recibió un incentivo público anterior para acceder al 2G, no debería quedar al margen de un nuevo incentivo para acceder a 4G. En general, debe revisarse las restricciones que hacen que varias localidades queden excluidas de estos beneficios.

El Perú ya hizo la parte más difícil: expandir la cobertura móvil. El actual desafío consiste en asegurar que esa cobertura permita acceder plenamente a la economía digital. Ello también requerirá impulsar políticas complementarias, como el desarrollo de habilidades digitales y el aprovechamiento efectivo de las tecnologías.  En materia de conectividad, las herramientas regulatorias existen, la experiencia también. El próximo gobierno tiene la oportunidad de pasar de una política orientada a conectar localidades a una política orientada a conectar oportunidades.

Seguiremos brindándote más información sobre este tema en las siguientes presentaciones físicas y digitales de Channel News Perú

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