La soberanía digital es clave frente al avance de la IA

Mientras el gobierno peruano avanza en la implementación de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, especialistas en tecnología advierten que la discusión de fondo ya no se limita a qué modelo de Inteligencia Artificial (IA) utilizar, sino a quién controla los datos, la infraestructura y las capacidades tecnológicas que los hacen posibles. Para José Luis Bugarín, Principal Solutions Architect de Red Hat, esa es precisamente la definición de soberanía digital.

“Lo importante en la soberanía digital es que las instituciones puedan controlar su tecnología y no depender completamente de terceros”, afirma Bugarín. “Imaginemos que una red social decide cambiar sus condiciones de uso y empieza a cobrar por determinados servicios. El usuario tiene poco margen de negociación porque la tecnología no le pertenece”. Ese ejemplo trasladado al Estado significa que una dependencia excesiva de proveedores externos para almacenar datos, entrenar modelos o desplegar infraestructura crítica puede limitar la capacidad de decisión, negociación y evolución tecnológica de las instituciones públicas.

La discusión cobra relevancia porque el Perú ya cuenta con una política nacional específica sobre la IA. Este año el Estado oficializó la ENIA 2026-2030 y estableció un marco de alcance nacional para el desarrollo y gestión de la IA en el sector público, bajo la rectoría de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La estrategia busca articular el uso de la IA con políticas de transformación digital, seguridad de la información y protección de datos personales. Además, contempla la creación del Catálogo IA Perú, una plataforma destinada a reunir modelos, conjuntos de datos, métricas y herramientas bajo criterios de transparencia, interoperabilidad y acceso abierto.

Para Bugarín, el siguiente paso es que las entidades públicas desarrollen capacidades propias. “Cada institución debería tener la posibilidad de construir modelos basados en sus propios datos, con control sobre cómo se entrenan, cómo evolucionan y dónde se ejecutan”, explica. En su opinión, el Estado posee un activo estratégico acumulado durante décadas en registros administrativos, tributarios, de identidad, salud y estadísticas públicas, cuyo valor aumentará en la medida en que pueda utilizarse para generar soluciones de IA bajo esquemas de gobernanza adecuados.

La soberanía digital, sin embargo, no implica necesariamente prescindir de la nube pública o de proveedores internacionales. El objetivo es preservar la capacidad de decisión sobre datos críticos, infraestructura esencial y servicios estratégicos, especialmente en sectores regulados. En esa línea, la ENIA apunta a fortalecer capacidades nacionales en gestión de datos, infraestructura tecnológica y talento especializado, más que a promover un modelo de aislamiento tecnológico.

Bugarín también señala un aspecto menos visible, la protección de la información. “La mayor parte de la fuga de datos en las organizaciones casi nunca es un problema puramente tecnológico; normalmente involucra errores humanos, malas prácticas o accesos indebidos”, señala. El desafío es que la gobernanza de datos deje de ser un tema exclusivamente normativo y se convierta en una capacidad operativa dentro de las instituciones. Eso incluye controles de acceso, trazabilidad, auditoría y mecanismos de supervisión sobre el uso de modelos de inteligencia artificial, añade.

Buena parte de esa capacidad depende de la infraestructura tecnológica sobre la que se construyen las soluciones de IA. En el caso de los modelos de código abierto, un componente crítico es la seguridad del ecosistema open source. En ese frente, IBM y Red Hat anunciaron recientemente el Project Lightwell, una iniciativa respaldada por una inversión de US$5.000 millones y el trabajo de más de 20.000 ingenieros, orientada a fortalecer la seguridad del software open source utilizado por organizaciones y gobiernos.

Bugarín sostiene que ese enfoque es particularmente importante para gobiernos y organizaciones que buscan aprovechar modelos abiertos sin renunciar a estándares empresariales de seguridad. Según el ejecutivo, Red Hat realiza procesos de curaduría y validación de los modelos que incorpora a sus plataformas antes de ponerlos a disposición de clientes corporativos y entidades públicas.

La discusión sobre soberanía digital también plantea una pregunta práctica: ¿debe cada entidad pública desarrollar su propio modelo de IA? Bugarín considera que no necesariamente. A su juicio, el objetivo es que las instituciones tengan la capacidad de decidir cuándo utilizar modelos abiertos, cuándo entrenar modelos propios y cuándo operar en entornos híbridos, sin quedar atrapadas en dependencias tecnológicas difíciles de revertir. “La soberanía digital no significa hacerlo todo desde cero. Significa tener capacidad de elección, de evolución y de control sobre los activos digitales que son estratégicos para el país”, concluye.

Ese equilibrio entre autonomía y apertura que describe el especialista no es solo teórico, ya tiene un caso consolidado a nivel de Estado. Desde el 2001, Estonia despliega X-Road, una plataforma que conecta a cientos de instituciones públicas y privadas sin centralizar los datos en un único repositorio, de modo que cada organismo conserva la soberanía sobre sus propios registros mientras los sistemas se comunican entre sí de forma directa. Dos décadas después, los resultados son medibles: el 99% de las declaraciones de impuestos se gestionan por vía digital, el 88% de la población entre 16 y 74 años usa internet de forma rutinaria para acceder a servicios electrónicos del Estado, y cada gestión resuelta a través de X-Road ahorra 15 minutos, lo que equivale a 1.345 años de trabajo ahorrados en un solo año a escala nacional. Ese control sobre su infraestructura es hoy, para el gobierno estonio, la condición previa para incorporar IA al sector público, donde ya mantiene cerca de 200 casos de uso con datos no sensibles, mientras avanza hacia una IA soberana compatible con los estándares europeos de protección de datos.

De vuelta en nuestro país, con la ENIA ya en marcha y el Catálogo IA Perú en proceso de implementación, el debate sobre inteligencia artificial en el Estado comienza a desplazarse desde la adopción de herramientas hacia la construcción de capacidades. En ese escenario, el control de los datos, la infraestructura y los modelos se perfilan como uno de los principales desafíos tecnológicos y de política pública de la próxima década.

Seguiremos brindándote más información sobre este tema en las siguientes presentaciones físicas y digitales de Channel News Perú

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