La Administración Trump ablanda los requisitos de la CHIPS Act para Intel

Intel ya no tendrá que cumplir con parte de las condiciones inicialmente fijadas bajo la CHIPS Act, el programa de ayudas a las empresas que establezcan nuevas instalaciones dedicadas a la fabricación de semiconductores en territorio estadounidense, después de que el Gobierno de Estados Unidos decidiera tomar una participación accionarial en la compañía.

Detalla la información publicada por Reuters que Intel comunicó en un registro oficial que ahora podrá recibir financiación pública siempre que demuestre haber invertido ya 7.900 millones de dólares en los proyectos pactados con el Departamento de Comercio el pasado año., y la cifra se queda a un paso de los 7.870 millones que la empresa asegura haber gastado hasta la fecha.

Además de esta flexibilización, Intel ya no tendrá que compartir un porcentaje del flujo de caja acumulado de sus proyectos con el Departamento de Comercio, ni adherirse a varios de los requisitos de política laboral y otras restricciones contempladas en la ley. Se mantiene únicamente la prohibición de utilizar estos fondos para el reparto de dividendos o la recompra de acciones.

La medida llega tras un giro significativo en la relación entre el Gobierno y la compañía, a razón de la decisión de la administración estadounidense de hacerse con un 10% de participación en Intel, en lugar de continuar con el acuerdo inicial de la CHIPS Act. Según Donald Trump, el movimiento vino acompañado de una inyección de 8.900 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, una cifra que se reparte entre los 5.700 millones que ya estaban comprometidos bajo la CHIPS Act y otros 3.200 millones enmarcados en el programa Secure Enclave.

El consejero delegado de Intel, David Zinser, confirmó recientemente que la empresa ya ha recibido 5.700 millones de dólares en efectivo. A esto hay que sumar los 2.200 millones en subvenciones previas, lo que eleva la participación del Gobierno en la compañía a un total de 11.100 millones de dólares.

La decisión supone un cambio de rumbo en la aplicación de la CHIPS Act, concebida para incentivar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos bajo estrictas condiciones de cumplimiento. En el caso de Intel, el vínculo accionarial con el propio Gobierno convierte esas condiciones en más flexibles, un movimiento que reabre el debate sobre hasta dónde debe llegar la intervención pública en empresas estratégicas para garantizar tanto la competitividad como la soberanía tecnológica.

A las implicaciones positivas a corto plazo de este acuerdo se suman, sin embargo, voces críticas que advierten de riesgos considerables para Intel. Tal y como recoge otro análisis reciente, la entrada del Gobierno estadounidense en el accionariado ha sorprendido a propios y extraños y genera dudas sobre sus repercusiones para la compañía y el conjunto de la industria de los semiconductores.

El propio CEO de Intel, Lip-Bu Tan, reconoció públicamente que la operación podría poner en peligro las ventas internacionales de la empresa, especialmente en mercados estratégicos como China, que el año pasado representó casi un tercio de sus ingresos. Intel alertó además a la SEC sobre posibles reacciones adversas de inversores, empleados, clientes, gobiernos extranjeros y competidores, subrayando que la entrada gubernamental no fue una decisión consensuada, sino impuesta por la administración Trump.

Así las cosas, la compañía se enfrenta al delicado equilibrio de asegurar inversiones clave para mantener su competitividad en EE. UU. sin comprometer al mismo tiempo su posición en los mercados globales. Analistas y fuentes internas coinciden en que la entrada del Gobierno en su capital podría convertirse más en un problema que en una solución, incrementando la presión política y el escrutinio público en un momento crítico para la industria. Pero también hay ventajas.

(muycomputerpro.com)

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